Uno no sale de su asombro e indignación por las medidas tomadas por el gobierno español para reventar el caos generado por las legítimas reivindicaciones de los controladores aéreos. Decretar el “estado de alarma” con la consiguiente militarización de este grupo de trabajadores es más propio de regímenes dictatoriales que de aquellos que se dicen democráticos. Una puñalada en el corazón de la Constitución española con la que se pretende “domesticar” aún más a una ciudadanía que el estado tutela en todas sus vertientes.

Si esta imposición del “estado de alarma” se lleva a cabo a finales de la década de los setenta o principios de la de los ochenta del siglo pasado, la de por aquel entonces sensible población española habría hecho temblar los cimientos de esta nación. Pero ahora, en un estado de prohibiciones y tutelar, todo vale y el silencio parece la mejor respuesta. Con los medios de comunicación en el bolsillo, ni uno solo se atrevió o atreve a cuestionar esta medida, con una clase política más pendiente del poder que del bienestar de los ciudadanos, con unos sindicatos domesticados y subvencionados, y con un poder económico generador de la crisis para acabar con la clase media y hacerse con su dinero, el gobierno aplica una medida anticonstitucional y que es un aviso a navegantes para que el que se mueva ya sabe lo que le espera.

Fundamentos jurídicos
Digo “anticonstitucional”, y agrego inconstitucional e ilegal, porque la declaración de una medida tan excepcional como es “el estado de alarma” tiene que estar suficientemente motivada. Lo que en mí despierta una profunda y honda preocupación, ya que el artículo 4.c) de la Ley Orgánica de Estados de Alarma, Excepción y Sitio se fundamenta para tal declaración cuando se produce la paralización de servicios públicos esenciales, pero que exige, también, algo que en este caso manifiestamente no se ha dado: que concurran, además, algunas circunstancias contenidas en el propio precepto – calamidades pública de carácter natural o accidentes de gran magnitud, crisis sanitarias o situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad -. Por lo que es esa no concurrencia convierte, de hecho, y según la doctrina constitucional más acreditada, la declaración en ilegal.

Si por sí ya es gravísimo, lo es mucho más que el Gobierno haya optado en su declaración por decretar la movilización de los controladores y por echar mano de una ley preconstitucional, la de navegación aérea de 1960, para someterlos a la jurisdicción militar. Sometimiento que vulnera con toda claridad la taxativa prescripción contenida en el artículo 117.5 de la Constitución , <<el ejercicio de la jurisdicción militar solo cabe en el ámbito estrictamente castrense y en supuestos de sitio >>. En coherencia con tal limitación, la ley de estados excepcionales prevé que sólo bajo el estado de sitio puede el Congreso de los Diputados – nunca el Gobierno por decreto – determinar que delitos quedan sometidos a la jurisdicción castrense (art. 35). El magistrado Pedro Cruz Villalón, ex presidente del Tribunal Constitucional, lo deja claro en “Estados excepcionales y suspensión de garantías”, Tecnos, Madrid, 1984, página 80", donde declara, <<la inviabilidad de la pretensión de someter a la jurisdicción militar a los ciudadanos no militares en base al estado de alarma>>.

Fundamentos históricos
En un país donde el deporte nacional es la envidia, resulta fácil poner a la ciudadanía contra un colectivo de trabajadores a los que se tilda de “privilegiados”. 2100 controladores directos, más otros 300 en tareas administrativas, a los que se les culpa de sueldos astronómicos y no se nombra su alta cualificación intelectual, la grandísima responsabilidad en el desempeño de sus funciones y los someros controles físicos y mentales para optar y ejercer su profesión. Tanto es así que en ningún momento se nos dice que su salario está fijado en 140.000 € anuales y se nos bombardea con que ganan 400, 600 mil e incluso alguno de ellos 1 millón de euros. Ante esta información la respuesta popular los vilipendia y los coloca bajo “sospecha”. Pero no se cuestiona que políticos sin responsabilidades directas de gobernación superen los 200 mil euros por desempeñar varios cargos.

Los controladores aéreos, al igual que cualquier otro colectivo de trabajadores, tienen sus problemas, que en su mayoría vienen motivados por la falta de sensibilidad, en este caso de la administración del estado, para resolverlos. Pues la “huelga salvaje” como la denominan el Gobierno y sus acólitos – si fuera cuestión del Gobierno serían “efectos colaterales” – tiene sus raíces en que los salarios les fueron reducidos en un 40%, aplicándoles 1.670 horas de trabajo anuales, la suspensión en el pasado verano de las vacaciones y por la iniciativa de privatizar los aeropuertos – el del Prat y Barajas ya están en nómina – con la consiguiente pérdida del estatus de funcionarios. Es obvio decir que cualquier huelga acarrea problemas a la ciudadanía, pero de eso se trata ya que sino quién les haría caso a los huelguistas. Siendo además la huelga un derecho constitucional.

Para más abundancia, en 1999 con el PP y el Sr. Aznar en el poder, firmaron el convenio colectivo que desde su vencimiento en 2004 se cuestiona. En éste se recoge un salario de 140.000 euros, que se dispara con el precio de las horas extras y las sustituciones, por los altos costes pactados, hasta esas cantidades que a la inmensa mayoría de los trabajadores y ciudadanos les parecen excesivos. Lo que sirve para que el Gobierno se sienta legitimado para “perseguir” a este colectivo. Cuando lo lógico sería sentarse a negociar y sentar las bases de una nueva relación contractual que satisfaga a las partes. Por lo que las propias medidas tomadas convirtieron a este grupo en un polvorín que degeneró en el conflicto de los últimos días con el cierre del espacio aéreo español y la ilegal medida aplicada por el Gobierno. Que por mucho que él y el principal partido de la oposición quieran legitimar en la irracional respuesta de los controladores, su fundamento último radica en el decretazo anterior y en un estado tutelar que quiere controlar hasta el pensamiento.

Fundamentos sociales
En un estado en el que se prohíbe todo aquello a lo que los ciudadanos por su propio albedrío tienen derecho y se prima en base a la protección la recaudación, la declaración del “estado de alarma” es un atentado más a la libertad y si me permiten “terrorismo de estado”. Un ejemplo de esto es que los agentes de tráfico por prestar un servicio de socorro – avería de un vehículo o un accidente – tienen 1 punto para su productividad, mientras que por una multa suman 4 puntos. Que son, ¿nuestros protectores o meros recaudadores del estado? La respuesta es bastante clara y si no alcanzan los objetivos, son sancionados.

Si yo tengo derecho a decidir sobre la vida – caso del aborto -, porque no soy quién para poder fumar, beber…, pero no, nos tienen que tutelar y prohibírnoslo porque somos unos “irresponsables e inconscientes”. Y si decido ir a la huelga para reclamar mis derechos, pues a partir de ahora están anunciando que nos pueden coartar ese derecho. Ni en un momento tan delicado como fue el golpe de estado de Tejero y compañía se acudió a un estado de excepción. Pero que los controladores lleven al caos un país por la negligencia e ineptitud del propio Gobierno, es un atentado contra los viajeros, contra la ciudadanía y contra España que da una penosa imagen en el extranjero.

Los españoles aplauden, por esas razones, la mano dura en base a que sirve para resolver los problemas que injustamente les afectan. Pero aplauden más aún que los gobernantes actúen con prudencia y responsabilidad para no tener que aplicar la mano dura, sobre todo si ello da lugar, como ha sucedido en este caso, a una vulneración de la ley y de la Constitución. Hubiera sido infinitamente mejor para todos y para nuestro Estado de derecho no dejar pudrir el conflicto en el año largo que ha habido para ello que recurrir a una militarización, que recuerda prácticas históricas felizmente superadas y que la Constitución quiso que nunca más se repitieran. Hasta ahora se había conseguido y ya sabemos, <<el que a hierro mata, a hierro muere>>.